Régimen Jurídico del Sector Público

Qué es

El Régimen Jurídico del Sector Público es el marco normativo que regula la organización y funcionamiento interno del sector público español. Está fijado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

Junto con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, conforma el núcleo normativo del derecho administrativo general español tras la reforma de 2015.

Ámbito

La Ley 40/2015 regula:

• Administración General del Estado: estructura, órganos, competencias.
• Organismos autónomos, agencias estatales y entidades públicas empresariales.
• Sector público institucional estatal en general.
• Relaciones entre administraciones (Estado-CCAA-Local).
• Convenios entre administraciones.
• Régimen de los órganos colegiados.
• Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
• Régimen disciplinario general (en lo no específico).

Estructura

Sus capítulos principales:

• Título Preliminar: disposiciones generales.
• Título I: Administración del Sector Público Institucional.
• Título II: Organización y funcionamiento de la AGE.
• Título III: Relaciones interadministrativas (Estado-CCAA-Local).
• Título IV: Convenios.
• Disposiciones adicionales y transitorias relevantes.

Tipos de sector público

La Ley 40/2015 distingue:

Sector público administrativo

Régimen jurídico administrativo plenamente aplicable:

• AGE y sus organismos.
• Administraciones autonómicas.
• Administración local.
• Organismos autónomos.
• Universidades públicas.

Sector público empresarial

Régimen jurídico privado predominante con sometimiento a derecho público en aspectos específicos:

• Entidades públicas empresariales (EPE).
• Sociedades mercantiles estatales.
• Fundaciones del sector público.

Sector público fundacional

• Fundaciones públicas con cobertura jurídica específica.

Principios

La Ley 40/2015 recoge los principios constitucionales del artículo 103 CE:

• Eficacia.
• Jerarquía.
• Descentralización.
• Desconcentración.
• Coordinación.
• Servicio objetivo a los intereses generales.

Añade principios modernos:

• Servicio efectivo a los ciudadanos.
• Simplicidad y proximidad.
• Eficiencia en la asignación y utilización de recursos.
• Transparencia.
• Responsabilidad por la gestión.
• Cooperación y colaboración entre administraciones.

Órganos administrativos

Regula la estructura de la AGE:

• Órganos centrales: Ministerios, Secretarías de Estado, Subsecretarías, Direcciones Generales, Subdirecciones Generales.
• Órganos territoriales: Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones, Direcciones Insulares.
• Órganos colegiados: composición y funcionamiento.

Relaciones interadministrativas

Establece los principios y mecanismos de cooperación entre el Estado, las CCAA y los entes locales:

• Conferencias Sectoriales por materia.
• Comisiones Bilaterales Estado-CCAA.
• Convenios de cooperación.
• Encomiendas de gestión.
• Encargos a medios propios.

Convenios

Regula los convenios administrativos:

• Entre administraciones públicas.
• Con sujetos privados en supuestos tasados.
• Forma escrita, objeto delimitado, plazos, financiación, comisión de seguimiento.

Responsabilidad patrimonial

Establece el régimen general de la responsabilidad patrimonial del Estado:

• Lesión producida por funcionamiento normal o anormal del servicio.
• Imputabilidad a la Administración.
• Relación de causalidad entre la actuación y la lesión.
• Antijuridicidad del daño.
• Procedimiento para la reclamación.

Aplicación al empleo público

Para el personal funcionario, la Ley 40/2015 es relevante en cuanto regula:

• La estructura de los organismos donde prestan servicio.
• El régimen de los órganos colegiados (tribunales, comisiones).
• La representación institucional.
• Las suplencias de los titulares.
• La delegación y avocación de competencias.
• La responsabilidad patrimonial ante daños causados por la actividad administrativa.

Importancia

La Ley 40/2015 es:

• Marco organizativo del sector público estatal.
• Garantía del funcionamiento institucional.
• Reforma modernizadora del derecho administrativo general.
• Coordinación del modelo multinivel español.

Su correcta aplicación condiciona la eficacia de la actuación administrativa y la seguridad jurídica en las relaciones del ciudadano con las administraciones.