Un acuerdo marco es el pacto plurianual negociado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales con representación en la función pública que fija, para un periodo determinado, las condiciones generales de trabajo y las sendas de mejora retributiva aplicables al conjunto del empleo público estatal.
Su función principal es proporcionar un horizonte de planificación tanto a las administraciones como a los empleados públicos. Al fijar con antelación la evolución prevista de las retribuciones durante varios años, el acuerdo facilita la elaboración de los presupuestos y ofrece estabilidad a los trabajadores. Los incrementos retributivos pactados en el acuerdo marco sirven de referencia para las leyes de presupuestos anuales y para las negociaciones de ámbitos sectoriales específicos.
El contenido de estos acuerdos va más allá de las cifras salariales. Suelen incluir compromisos sobre reducción de la temporalidad, condiciones de conciliación, derechos sindicales, carrera profesional, situaciones administrativas y otros aspectos que requieren cambios normativos o compromisos de gestión que no pueden resolverse en una única negociación anual.
Su alcance se limita, en principio, al personal al servicio de la Administración General del Estado, aunque actúa como referente para las comunidades autónomas y las entidades locales, que negocian sus propios acuerdos en las mesas sectoriales y territoriales correspondientes.
No todos los acuerdos marco se materializan con la misma rapidez ni se cumplen en su integridad. La vinculación de las subidas salariales a la disponibilidad presupuestaria y a cláusulas de revisión según la evolución económica ha generado históricamente diferencias entre lo pactado y lo finalmente percibido.
Para el contexto retributivo, ver incremento retributivo y retribuciones. La negociación en el ámbito representativo se articula a través de la mesa de negociación.