La masa salarial es el coste retributivo total del personal al servicio de una administración pública: la suma de todos los conceptos salariales y extrasalariales que devenga ese personal durante el ejercicio presupuestario.
Cada año, la Ley de Presupuestos Generales del Estado fija el límite al que puede crecer la masa salarial del personal del sector público. Ese límite afecta tanto a las retribuciones individuales como a las modificaciones estructurales de la plantilla que tengan repercusión en el coste global. Las administraciones autonómicas y locales quedan igualmente condicionadas por ese marco, aunque pueden desarrollar sus propios acuerdos dentro de él.
La masa salarial no recoge únicamente sueldos base y complementos: incluye también las gratificaciones por servicios extraordinarios, las indemnizaciones de naturaleza retributiva, las aportaciones a planes de pensiones públicos y cualquier otro concepto que suponga un coste para la administración por razón del vínculo de empleo.
El control de la masa salarial tiene una función de disciplina presupuestaria: impide que las administraciones aumenten el gasto de personal de forma unilateral al margen del marco fiscal acordado con el Estado. Por eso, cada vez que se negocia una mejora retributiva en una mesa de negociación, el margen disponible depende de cuánto queda del techo fijado normativamente.
El concepto resulta relevante para los empleados públicos principalmente cuando se producen incrementos retributivos generales: el porcentaje de subida aplicable a las nóminas suele coincidir con el crecimiento autorizado de la masa salarial del conjunto del sector público.
Tiene también una dimensión de transparencia: la publicación de la masa salarial por colectivos y categorías permite comparar el coste real del empleo público entre administraciones o a lo largo del tiempo.
Véase también: retribuciones, incremento retributivo, paga extraordinaria.