Atrasos por subidas retroactivas: el coste oculto del retraso del PGE

TL;DR

• En 2024, el incremento del 2,5 % retributivo entró en vigor el 1 de enero, pero la norma que lo aprobó (RDL 4/2024) no se publicó hasta el 26 de junio de 2024.
• Significa que las primeras seis nóminas del año (enero a junio) se cobraron con la cuantía 2023, y la subida se liquidó como atraso en la nómina de julio o agosto.
• Para un funcionario A1 en nivel CD 26, los atrasos brutos rondaron los 400-500 € por seis meses (cálculo derivado de 2,5 % sobre seis mensualidades del sueldo base + CD).
• En 2025 y 2026 el mecanismo se repite: el RDL 14/2025 se publicó el 2 de diciembre de 2025, con efectos retroactivos a 1 de enero, lo que significa atrasos de prácticamente todo el ejercicio para 2025.

El dato bruto

Cronología del desfase entre vigencia y aprobación:

El ejercicio 2026 es la excepción: el RDL 14/2025 cubre simultáneamente 2025 y 2026, por lo que la subida de 2026 se aplica ya desde la primera nómina del año, sin atrasos.

Cuantificación bruta por subgrupo

Estimación de atrasos por subgrupo para 2024 (seis meses al 2,5 % aplicado sobre la base 2023). Solo sueldo base, sin CD ni CE:

Estas cifras son atrasos solo del sueldo base. La cifra real para un puesto concreto añade la parte proporcional del complemento de destino del nivel CD del puesto y de los trienios.

Por qué importa el atraso

Tres efectos prácticos:

1. Tesorería del funcionario: durante varios meses cobra la cuantía vieja. Si el incremento es relevante, hay un colchón que llega de golpe en una sola nómina con potencial impacto sobre la retención de IRPF.
2. Impacto fiscal: los atrasos se imputan al ejercicio en que se devengaron (regla general del IRPF), no al ejercicio en que se cobran. Esto puede obligar a presentar declaraciones complementarias del año anterior cuando el retraso es de un ejercicio ya cerrado.
3. Restitución teórica: si el RDL no se convalida en el Congreso, los atrasos cobrados deberían devolverse. En la práctica no ha sucedido en los últimos años, pero el riesgo legal existe.

Tres lecturas

• El RDL retributivo aprobado tarde es el patrón nuevo, no la excepción. Tres ejercicios consecutivos (2024, 2025, 2026) sin PGE específico aprobado antes del inicio del año.
• Los atrasos son siempre brutos. Sobre el atraso se aplica retención de IRPF, cotización a la SS o cuota mutualista. El neto que llega al bolsillo del funcionario es típicamente el 70-80 % del bruto, dependiendo de su situación fiscal.
• El RDL 14/2025 rompió la regla. Al cubrir simultáneamente 2025 y 2026, eliminó los atrasos del segundo ejercicio. Para 2026, el funcionario cobra la subida ya desde enero.

Limitaciones del dato

• Las cuantías de atrasos calculadas son solo sobre sueldo base. El atraso real de un funcionario incluye la parte proporcional del CD, del CE singular y del trienio según corresponda.
• El cálculo asume que el funcionario estuvo en activo desde el 1 de enero. Quien se incorporó después percibe atrasos proporcionales.
• Las cifras no incluyen el impacto fiscal: la retención del IRPF, la cuota mutualista y las cotizaciones reducen el neto.

Metodología

• Cifras de sueldo base: tabla retribucion_anual del observatorio (PGE 2023, BOE-A-2022-22128).
• Fecha y norma del incremento: tabla incremento_anual (RDL 4/2024, BOE-A-2024-12880; RDL 14/2025, BOE-A-2025-24445).
• Cálculo: 2,5 % aplicado sobre seis mensualidades del sueldo base 2023. El 0,5 % adicional del 2024 corresponde al adicional confirmado ya incorporado al 2,5 % total de la cadena.

Términos relacionados

• Atrasos
• Real Decreto-ley
• Cláusula de garantía retributiva
• Liquidación de retribuciones

Contexto histórico: cuándo se volvió habitual el atraso retributivo

El atraso en la aprobación de la subida salarial del empleo público no es una anomalía reciente. Cuando existía un PGE aprobado antes del inicio del ejercicio, la subida retributiva se aplicaba desde la primera nómina de enero sin interrupción. El ciclo se rompió con las sucesivas prórrogas presupuestarias: los PGE de 2018 permanecieron prorrogados hasta 2023, y desde entonces el Real Decreto-ley ha sido el único instrumento disponible para fijar los incrementos anuales.

El resultado es que el funcionario no conoce su subida hasta que el RDL se publica en el BOE: en 2024 fue el 27 de junio y en 2025 el 2 de diciembre. La incertidumbre no afecta al importe final, que retroactúa al 1 de enero, pero sí al momento en que llega a la nómina. El atraso de 2025 fue el más prolongado: el funcionario cobró prácticamente once meses con la cuantía de 2024 y recibió los atrasos del ejercicio en la nómina de diciembre o enero siguientes.

La excepción es 2026: el RDL 14/2025 reguló simultáneamente 2025 y 2026, de modo que el incremento del 1,5 % fijo entró en vigor desde la primera nómina del año sin atraso.

Análisis comparado: la excepción española en el entorno europeo

El mecanismo del atraso retributivo por prórroga presupuestaria carece de equivalente directo en los grandes sistemas de empleo público europeos. En Francia, Alemania e Italia, los incrementos salariales de los funcionarios se negocian y fijan con anterioridad al inicio del ejercicio, bien mediante ley de presupuestos, bien mediante acuerdo colectivo sectorial que tiene fecha de aplicación conocida. En Suecia, el modelo de negociación colectiva descentralizada implica que los incrementos se pactan a nivel de agencia, habitualmente dentro del primer trimestre del año, sin retroactividad generalizada.

La peculiaridad española no es que existan atrasos ocasionales, sino que la prórroga presupuestaria se ha extendido durante varios ejercicios consecutivos, convirtiendo el RDL retributivo tardío en un instrumento estructural. Ninguno de los países del entorno recogidos en la serie de gasto público sobre PIB de Eurostat combina simultáneamente un tamaño del sector público comparable al español (10,8 % del PIB en 2024) con un mecanismo sistemático de fijación retributiva tardía.

Tabla: incrementos retributivos nominales frente a IPC (2024-2026)

La siguiente tabla cruza los porcentajes de incremento fijados por norma con la variación anual del IPC del INE para el mismo ejercicio, según la serie ipc_var del observatorio:

Fuente: serie incremento (RDL 4/2024 y RDL 14/2025) y serie ipc_var (INE).

El porcentaje fijo del incremento de 2024 (2,00 %) fue inferior a la inflación anual (2,85 %). Solo la suma del componente adicional (0,50 %) lleva el total al 2,50 %, que sigue siendo ligeramente inferior al IPC de ese año. En 2025, el incremento fijo de 2,50 % tampoco llega a cubrir íntegramente la inflación (2,92 %). La brecha acumulada en los dos ejercicios para los que existe dato es de aproximadamente 0,77 puntos porcentuales de pérdida de poder adquisitivo en sueldo base si se toma solo el componente fijo, o de 0,27 puntos si se suma también el adicional de 2024.

Este cruce es relevante porque el atraso amplifica el efecto sobre la tesorería del funcionario: no solo cobra menos en términos reales durante los meses en que la subida no se ha aplicado, sino que cuando llega el atraso se percibe íntegro en una sola nómina, con la retención de IRPF correspondiente aplicada en ese mes, lo que puede elevar el tipo efectivo aplicado en esa mensualidad.

Limitaciones adicionales

Las cifras de IPC utilizadas son variaciones anuales medias del INE para el conjunto de España. El impacto real sobre el poder adquisitivo de un funcionario concreto depende de su cesta de consumo particular, que puede diferir del índice general. El componente adicional del 2026 (0,50 %) está condicionado a variables macroeconómicas y no se incluye en los cálculos anteriores por no haberse activado en la fecha de este análisis. Las tablas de incremento recogen solo el sueldo base; el efecto sobre trienios es proporcional a su importe, que depende del subgrupo y la antigüedad.

Más preguntas frecuentes

¿El atraso retributivo es lo mismo que una deuda del Estado con el funcionario? No exactamente. El funcionario no percibe intereses por el periodo de espera, a diferencia de lo que ocurriría con una deuda reconocida. El atraso es simplemente el pago retroactivo de retribuciones que se devengan desde el 1 de enero pero cuya cuantía no puede liquidarse hasta que la norma que las fija se publica en el BOE. El derecho a cobrarlas es inmediato una vez publicada la norma; la administración paga sin mora en sentido técnico.

¿Se puede reclamar si la administración tarda en pagar los atrasos una vez publicado el RDL? Una vez publicada la norma, los atrasos deben liquidarse en la primera nómina posible. Si hay demora injustificada, el funcionario puede reclamar a través de los procedimientos ordinarios de reclamación de retribuciones ante la unidad de personal o, en su caso, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

¿Los atrasos de 2025 tributan como rendimiento del trabajo del ejercicio 2025 o de 2026? La regla general del IRPF es que los rendimientos del trabajo se imputan al ejercicio en que son exigibles. Los atrasos de 2025, aunque se cobren en la nómina de diciembre de 2025 o enero de 2026, se devengan con efectos retroactivos al 1 de enero de 2025 y se imputan al ejercicio 2025. Si se cobran en 2026, puede ser necesaria una declaración complementaria del IRPF de 2025. Consulta con la unidad de personal o un asesor fiscal para el caso concreto.

¿Afectan los atrasos al cálculo de los trienios o de la pensión? Los trienios se calculan sobre el sueldo base del subgrupo vigente en cada momento, por lo que la retroactividad de los incrementos se traslada también a los trienios. Para el cálculo de la pensión de Clases Pasivas, el haber regulador se fija por norma anual y no depende de cuándo se cobró el atraso, sino del subgrupo y los años de servicio. En el RGSS, las bases de cotización se recalculan con el incremento retroactivo. Más información en /jubilacion y /mutualidad.