La potestad sancionadora es la facultad que el ordenamiento jurídico atribuye a la Administración pública para imponer sanciones a quienes infrinjan las normas que rigen la función pública, sin necesidad de acudir a los tribunales penales.
Su ejercicio está sometido a los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, culpabilidad y non bis in idem. El principio de legalidad exige que tanto la infracción como la sanción estén previamente definidas en una norma con rango de ley; no caben sanciones por conductas no tipificadas. La proporcionalidad obliga a que la sanción sea adecuada a la gravedad del hecho y a las circunstancias del infractor.
En el ámbito del empleo público, la potestad sancionadora se concreta en el régimen disciplinario, que clasifica las conductas en faltas leves, graves y muy graves y asigna a cada categoría un abanico de sanciones. La tramitación de las más graves exige la incoación de un expediente disciplinario con audiencia del interesado, lo que garantiza el derecho de defensa.
La potestad no es ilimitada: el empleado público puede recurrir cualquier sanción, primero en vía administrativa mediante el recurso de alzada cuando proceda, y posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Además, la administración está sujeta a plazos de prescripción tanto para las infracciones como para las sanciones ya impuestas.
Afecta a todos los empleados públicos, con independencia de que sean funcionarios de carrera, interinos o personal laboral, aunque las normas aplicables a cada colectivo presentan diferencias. El personal laboral queda sujeto también al régimen disciplinario del convenio colectivo aplicable, y los conflictos se dilucidan ante la jurisdicción social.
Un matiz relevante: la potestad sancionadora de la administración coexiste con la responsabilidad penal. Si los hechos son constitutivos de delito, la jurisdicción penal tiene preferencia y el expediente disciplinario queda en suspenso hasta que recaiga sentencia firme. Consulta la sección de carrera para ver cómo las sanciones afectan a la progresión y al mantenimiento del puesto.